NULIDAD CONTRATO SWAP

Sentencia Tribunal Supremo 379/2017, de catorce de junio
Sala de lo Civil
Recurso: 770/2015
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA
ROJ: STS 2361/2017
ECLI:ES:TS:2017:2361

Contrato de permuta financiera: swap. Nulidad del contrato por error vicio.

En la comercialización de productos complejos por parte de las entidades prestadores de servicios financieros a inversores no profesionales existe una asimetría informativa, que impone a dichas entidades financieras el deber de suministrar al cliente una información comprensible y adecuada de las características del producto y los concretos riesgos que les puede comportar su contratación. Aunque por sí mismo el incumplimiento de los reseñados deberes de información no conlleva necesariamente la apreciación de error vicio en la contratación del producto financiero, la previsión legal de estos deberes, que se apoya en la asimetría informativa que suele darse en la contratación de estos productos financieros con clientes minoristas, incide en la apreciación del error.

Estos razonamientos se extienden a los clientes de entidades financieras que tengan la condición de empresarios a pesar de que pueda presumirse que tengan conocimientos suficientes en la materia y que podían haber pedido asesoramiento.

La entidad financiera está obligada en todo caso a suministrar, con carácter previo a la contratación, una información clara y comprensible al cliente que permitiera conocer los riesgos concretos del producto, sin que sea posible presumir que tenía este conocimientos por su experiencia en el tráfico mercantil y de la contratación con entidades de crédito derivada de ser un inversor inmobiliario y empresario conocido.

El incumplimiento del deber de información sobre el riesgo económico del producto, es lo que propicia un error en la prestación del consentimiento, ya que esa ausencia de información permite presumir el error. Lo determinante no es tanto que aparezca formalmente cumplido el trámite de la información, sino las condiciones en que materialmente se cumple el mismo. Los deberes de información que competen a la entidad financiera, no quedan satisfechos por una mera ilustración sobre lo obvio en unas cláusulas.

No se trata de que el banco pueda adivinar la evolución futura de los tipos de interés, sino de que ofrezca al cliente una información completa, suficiente y comprensible de las posibles consecuencias de la fluctuación al alza o a la baja de los tipos de interés y de los elevados costes de la cancelación anticipada.

HIPOTECA MULTIDIVISA

Sentencia Tribunal Supremo 217/2021, de veinte de abril

Sala de lo Civil

Recurso: 2970/2018 Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA

Roj: STS 1477/2021

ECLI:ES:TS:2021:1477

Los contratos de préstamo hipotecario en la modalidad denominada multidivisa han sido uno de los productos financieros que mayores perjuicios han causado a los deudores hipotecarios.

Los bancos ofrecían estas hipotecas en divisas extranjera como un producto muy favorable y con cuotas muy bajas; pero sin explicar las entidades prestamistas que esas cuotas estaban directamente relacionadas con la fluctuación que sufriera la divisa extranjera en la cual se hubiera formalizado el préstamo.

Debido a las fluctuaciones de la divisa extranjera (normalmente, yenes japoneses o francos suizos) las cuotas de la hipoteca cada vez resultan más elevadas.

Con base en las SSTJUE el criterio del Tribunal Supremo respecto de las hipotecas multidivisa es que cualquier deudor hipotecario puede ejercer su pretensión de que su hipoteca sea recalculada a euros, y se le aplique el interés pactado teniéndose en cuenta los pagos ya realizados, con base a las siguientes consideraciones:

a) Las hipotecas multidivisa no tienen la consideración de producto de inversión y, por tanto, no se aplica la normativa sobre el mercado de valores para valorar la contratación de este tipo de productos financieros.

b) Para que sea declarada la nulidad parcial (y no total) del préstamo en divisas y, por tanto, para que subsista el préstamo, pero en euros, la acción que debe ejercitarse no es la del “error en el consentimiento” –que conllevaría el vicio de la totalidad del contrato y no sólo de las cláusulas multidivisa-, sino la acción de la “falta de transparencia”.

c) Y, por último, las hipotecas multidivisa son un producto complejo a efectos del control de transparencia.

Ello supone que, para que pueda entenderse que hubo transparencia en la celebración del contrato y, por tanto, que esas cláusulas no son nulas, el consumidor habrá tenido que disponer, antes de la celebración del mismo, de información sobre sus condiciones y consecuencias. Esto, en este tipo de hipotecas se traduce en que el consumidor debe ser informado de que se expone al riesgo del tipo de cambio de la moneda en que percibe el préstamo, y de las posibles variaciones de los tipos de cambio; no siendo suficiente con que el deudor haya recibido información y recomendación externa ajena a la propia entidad y con independencia de que hubiera sido el consumidor quien hubiera solicitado este producto.

Como señala la sentencia "conforme a constante jurisprudencia de esta sala, el control de transparencia tiene por objeto que el consumidor pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado, esto es, el sacrificio patrimonial realizado a cambio de la prestación económica que quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación de los riesgos del desarrollo del mismo".

En definitiva, los tribunales tendrán que hacer un control de oficio adicional consistente en valorar si el consumidor pudo conocer, con sencillez, la carga económica y jurídica que estaba asumiendo cuando firmó el préstamo en divisas.

SWAP

Sentencia Tribunal Supremo 198/2021, de doce de abril
Sala de lo Civil
Recurso: 3184/2018
Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
Roj: STS 1269/2021
ECLI:ES:TS:2021:1269

Swap vinculados a hipotecas concertadas en el marco de un complejo proceso de refinanciación de empresas.

Si el cliente conoce y comprende los riesgos del producto, no hay error en el consentimiento.

La incorporación al ordenamiento jurídico español de la normativa MiFID obligó a las entidades financieras a clasificar a sus clientes como minoristas o profesionales. Y si se encuadran en la primera categoría, a asegurarse de la idoneidad y conveniencia de los productos ofrecidos y a suministrarles información completa y suficiente, y con la antelación necesaria, sobre los riesgos que conllevan.

Constituye jurisprudencia reiterada que un incumplimiento de dicha normativa, en cuanto a la información de los riesgos inherentes a los contratos de swap, tanto respecto de liquidaciones periódicas negativas en elevada cuantía, como a un también elevado coste de cancelación, puede hacer presumir el error en quien contrató con dicho déficit informativo, lo que no impide que pueda demostrarse que, a pesar de no haber quedado acreditado el cumplimiento de los deberes de información, el cliente prestó su consentimiento con conocimiento de las características de la operación y los concretos riesgos que asumía. Así sucede en este caso, en el que el administrador de la actora estaba perfectamente enterado de la mecánica de los contratos y, con una amplia experiencia en operaciones jurídicas y bancarias, negoció durante meses las condiciones de refinanciación de las que nacieron los swaps.

IMPUGNACION ACUERDOS

Sentencia Tribunal Supremo 590/2020, de once de noviembre de dos mil veinte
Sala de lo Civil
Recurso: 366/2018
Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
Roj: STS 3645/2020
ECLI:ES:TS:2020:3645

El copropietario ausente de la Junta a quien se comunica el acuerdo y no manifiesta su discrepancia en el plazo de 30 días, no queda privado de su legitimación para impugnarlo

Los acuerdos de la Junta de propietarios, con arreglo a lo dispuesto en el art. 18 LPH, pueden impugnarse:

        a. Cuando sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios.

        b. Cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios.

        c. Cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.

Se encuentran legitimados para la impugnación de estos acuerdos:

        a. Los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta de propietarios (Es la postura que adoptan los propietarios que asisten a la Junta y cuando van a votar deciden no comprometer su voto ni a favor ni en contra del acuerdo. Los propietarios que se abstengan frente a un acuerdo no podrán impugnarlo posteriormente. Los propietarios que hubieren salvado el voto podrán impugnar el acuerdo si lo consideran).

        b. Los ausentes por cualquier causa.

        c. Los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto.

        d. Los que hubiesen votado en contra.

Para impugnar los acuerdos de la Junta el propietario, con arreglo a lo dispuesto en el art. 18.2 LPH, los legitimados para la impugnación de los acuerdos de la Junta deberán estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas. Esta regla no será de aplicación para la impugnación de los acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación.

Cuando los acuerdos tomados en una Junta de la comunidad se notifican a los propietarios ausentes que no asistieron a la reunión pueden:

        a. Manifestar la conformidad con el acuerdo. En este caso, no cabe después que se pueda impugnar el acuerdo.

        b. Manifestar su disconformidad con el acuerdo adoptado. En este caso pueden impugnar el acuerdo dentro de los plazos previstos en el art. 18.3 de la LPH.

        c. No manifestar nada en el plazo de 30 días naturales. En este caso su voto se computará favorable al acuerdo, pero sólo a los efectos del cálculo para alcanzar la mayoría cualificada requerida, PUDIENDO IMPUGNARLO en los plazos establecidos por la LPH.

La acción para impugnación de acuerdos de la Junta de propietarios, con arreglo a lo dispuesto en el art. 18.3 LPH, caducará a los tres meses de adoptarse el acuerdo por la Junta de propietarios, salvo que se trate de actos contrarios a la ley o a los estatutos, en cuyo caso la acción caducará al año.

La STS 590/2020, 11 noviembre, nos recuerda que en base a la doctrina jurisprudencial marcada en la STS 930/2008, de 16 de diciembre, aun no mostrando su discrepancia en los treinta días establecidos en la LPH, el comunero disidente no queda privado de legitimación para impugnar el acuerdo de la Junta de propietarios.

En concreto la STS 930/2008, de 16 de diciembre fija como doctrina jurisprudencial que el copropietario ausente de la Junta a quien se comunica el acuerdo y no manifiesta su discrepancia en el plazo de 30 días, no queda privado de su legitimación para impugnarlo con arreglo a los requisitos establecidos en el art. 18 LPH, salvo si la impugnación se funda en no concurrir la mayoría cualificada exigida por la LPH fundándose en la ausencia de su voto.

GASTOS HIPOTECARIOS

Sentencia Tribunal Supremo 35/2021, veintisiete de enero de dos mil veintiuno.

Sala de lo Civil. Pleno

Recurso: 1926/2018

Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO

Roj: STS 61/2021

ECLI: ES:TS:2021:61

Contrato de préstamo hipotecario concertado con consumidores. Validez de la cláusula sobre gastos. Gastos de tasación

La STS 27 enero 2021 se pronuncia sobre los efectos económicos de la declaración de nulidad de la cláusula de gastos de los préstamos hipotecarios entre bancos y consumidores.

Los gastos de tasación, cuando no sea aplicable la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, corren a cargo al banco y no al consumidor. 

Esta sentencia resuelve todas las consecuencias y dudas acerca de la nulidad de las cláusulas que imponen a los consumidores los gastos de formalización del préstamo hipotecario. 

Con arreglo a la doctrina jurisprudencial que se fija los consumidores tienen derecho a la restitución de todos los gastos pagados en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como de la mitad de los gastos notariales.

En el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, en el que las normas tributarias establecen que el principal sujeto pasivo es el prestatario, corre a cargo de los consumidores.

Así, tras la citada sentencia de Pleno:

• GASTOS DE TASACIÓN, con anterioridad a la entrada en vigor de la cita Ley corren a cargo del Banco -prestamista-, y con posterioridad corren a cargo del Prestatario -consumidor-.

• REGISTRO DE LA PROPIEDAD incumben al Banco -prestamista-.

• GASTOS GESTORIA son a cargo del Banco -prestamista-.

• NOTARIA incumben al Banco -prestamista- y al Prestatario -consumidor-.

• AJD corre a cargo del Prestario -consumidor-.

Fuente Poder Judicial. Consulta la Sentencia

IMPAGO DE PRIMAS. CONTRATO DE SEGURO

Sentencia Tribunal Supremo 357/2015, de treinta de junio de dos mil quince.

Sala de lo Civil

Recurso: 1478/2013

Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO

Roj: STS 2982/2015

ECLI: ES:TS:2015:2982

En el caso de impago de primas sucesivas -segundo año de la póliza o sucesivos-, hay un plazo de un mes desde la fecha de vencimiento para abonar el recibo. En este periodo, comúnmente conocido como mes de gracia, existe cobertura ante un posible siniestro. En la práctica, ante un accidente las compañías aseguradoras suelen descontar de la indemnización el importe de la prima, dándose por cobrada toda la anualidad.

El mes de gracia sólo se aplica si se va a renovar el seguro en la próxima anualidad, por lo que si con anterioridad se ha comunicado a la compañía aseguradora la cancelación del seguro con al menos un mes de antelación como exige la ley, el seguro quedará cancelado a su fecha de vencimiento y por tanto no existirá cobertura.

Concluido el mes de gracia sin que se haya procedido al pago del recibo, la cobertura queda suspendida y la compañía aseguradora sólo podrá exigir el pago de la prima del periodo en curso. La  normativa, en estos supuestos, no aclara si la compañía está obligada a mantener las coberturas del seguro.

En este aspecto, la Sentencia del TS de 30 de junio de 2015 establece que cuando el contrato quede suspendido, cualquier siniestro ocurrido no estará cubierto por la aseguradora. Sin embargo, precisa que la suspensión de los efectos del contrato no opera frente a terceros perjudicados que ejerciten la acción directa en virtud de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro, aunque la entidad posteriormente podrá ejercer su derecho de repetición.

Es decir, la aseguradora está obligada a indemnizar a los terceros perjudicados con la cobertura obligatoria de responsabilidad civil, pero no obliga a mantener las coberturas voluntarias que se hayan contratado, por lo que el contrato sigue vigente sólo para terceros, a menos que la compañía aseguradora acredite haberte enviado previamente y de forma expresa por un medio que permita tener constancia de su recepción, la resolución del contrato.

Si transcurridos seis meses desde el vencimiento de la póliza no se paga la prima la misma quedará extinguida, finalizando en ese instante la relación con la compañía aseguradora. No obstante, si en el citado periodo de seis meses se paga la prima de la póliza volverá a tener efecto a las veinticuatro horas del día en que se satisfaga la deuda. Hay que tener en cuenta que la anualidad del seguro empieza a contar desde la fecha que correspondía a la renovación de la póliza y no desde el día en que realizas el pago.

USURA PRESTAMO HIPOTECARIO

Sentencia Tribunal Supremo 189/2019, de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

Sala de lo Civil

Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO

Roj: STS 1011/2019

ECLI: ES:TS:2019:1011

Recurso de casación: 2785/2016

Préstamo hipotecario. Carácter usurario de un préstamo en atención al interés de demora.

No es usurario un préstamo hipotecario entre particulares con interés remuneratorio del 10% por no ser notablemente superior al normal del dinero (5,76% en 2008, cuando se concertó); y a los moratorios no les es aplicable la ley de usura de 1908.

En el año 2008 se otorgó una escritura de préstamo hipotecario entre dos personas físicas particulares, en la cual se estipula un interés remuneratorio del 10% anual y moratorio del 30%.

Con posterioridad el crédito se cedió por el acreedor a una tercera persona, y finalmente el deudor vendió el inmueble hipotecado y amortizó totalmente el préstamo, si bien interpuso demanda solicitando la nulidad de la escritura de préstamo hipotecario y de la posterior cesión del crédito hipotecario por considerar que el préstamo era usurario, en la medida en que no se le entregó todo el dinero que se afirmaba en la escritura que se le entregaba -lo cual no pudo ser probado-, y además los intereses remuneratorios del 10% y moratorios del 30% eran manifiestamente desproporcionados.

En primera instancia se desestima la demanda. La Audiencia Provincial desestima igualmente el recurso de apelación, y el Tribunal Supremo el de casación.

El Tribunal Supremo respecto a los intereses remuneratorios considera que, de conformidad con el art. 1 Ley 23 julio 1908, de represión de la usura, "para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser "notablemente superior al normal del dinero", el interés estipulado sea "manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso"; y en el caso enjuiciado, en el año 2008 en que se pactó, en operaciones hipotecarias a un año el interés medio estaba situado en el 5,99% y en operaciones hipotecarias a más de 10 años en el 5,76% (TAE 6,18%); por lo que el interés pactado, del 10% anual, aún siendo superior al interés medio, no cabe considerarlo de "notablemente superior" y "manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso".

En relación con los intereses moratorios, la jurisprudencia del TS entiende que, dada la distinta naturaleza de los intereses remuneratorios y los moratorios, a éstos últimos no se les debe aplicar la Ley de Usura, pues cuando en ella se habla de intereses se hace referencia a los retributivos, ya que hay que contar con el carácter bilateral de la obligación y la equitativa equivalencia de las prestaciones de los sujetos de una relación jurídica que es bilateral, onerosa y conmutativa, en la que el interés remuneratorio es el precio del préstamo. Mientras que los intereses moratorios sancionan un incumplimiento del deudor jurídicamente censurable, y su aplicación tanto sirve para reparar, sin la complicación de una prueba exhaustiva y completa, el daño que el acreedor ha recibido, como para constituir un estímulo que impulse al deudor al cumplimiento voluntario, ante la gravedad del perjuicio que le producirían el impago o la mora. No obstante, en algún caso, también se han reputado usurarios los intereses moratorios, pero no aisladamente considerados, sino como un dato más entre un conjunto de circunstancias que conducen a calificar como usurario el contrato de préstamo en sí: la simulación de la cantidad entregada, el plazo de devolución del préstamo, el anticipo del pago de los intereses remuneratorios, el tipo de tales intereses remuneratorios, etc.

Así, tras rechazarse que el prestatario hubiera dejado de recibir parte de la suma objeto del préstamo y de que hubiera contratado el préstamo por padecer una situación de angustia económica, y descartado que el interés remuneratorio sea usurario, el dato del interés moratorio, en sí mismo y aisladamente considerado, no es suficiente para declarar la nulidad de la totalidad del préstamo como usurario.