PLAZO ACCION DE IMPUGNACION DESHEREDACIÓN INJUSTA

Sentencia Tribunal Supremo 492/2019, de veinticinco de septiembre
Sala de lo Civil. Pleno
Recurso: 378/2017
Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER
Roj: STS 2917/2019
ECLI:ES:TS:2019:2917

El plazo de ejercicio de la acción de impugnación de la desheredación injusta es el de 4 años previsto en el artículo 1301 CC.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que desestimó una acción de impugnación de una desheredación establecida en testamento por la causa 2ª del art. 853 CC, por considerarla caducada al haber transcurrido el plazo previsto en el artículo 1301 CC.

Frente a la discusión doctrinal existente entre quienes consideran que estas acciones se sujetan al plazo de caducidad de cuatro años, por aplicación del artículo 1301 CC, los que consideran que se aplica el de caducidad de cinco años previsto en el art. 15 b) 4º LH o quienes finalmente entienden se aplica el plazo general de prescripción del artículo 1964 CC, se concluye que, en línea con lo que ocurre en las legislaciones forales y especialmente dada la naturaleza de esta clase de acción, que las acciones impugnatorias del testamento, se sujetan al plazo de caducidad de cuatro años.

El Tribunal Supremo considera excesivo el plazo general de prescripción contenido en el art. 1964 CC (antes de 15 años, ahora de 5 años) para que los herederos puedan probar la causa de desheredación, dado el transcurso del tiempo entre la fecha en que ocurrieron los hechos en que se funda y la discusión posible sobre su realidad, máxime al haberse incluido entre estas causas el maltrato psicológico, causa legal que por sus características debe ser combatida en breve lapso de tiempo.

Se fija como doctrina que la acción para impugnar la desheredación que se considera injusta está sujeta en su ejercicio al plazo de cuatro años desde que se abre la sucesión y puede ser conocido el contenido del testamento.

LESIONES, DIES A QUO Y ALTA MEDICA

Sentencia Tribunal Supremo 275/2021, de diez de mayo

Sala de lo Civil

Recurso: 3374/2018

Ponente: JOSE LUIS SEOANE SPIEGELBERG

Roj: STS 1633/2021

ECLI:ES:TS:2021:1633

Culpa extracontractual. Lesiones por caída en un supermercado. Día inicial del cómputo del plazo de ejercicio de la acción.

La jurisprudencia viene proclamando que el día inicial del cómputo del plazo del año del art. 1968.2 del CC, lo adquiere el perjudicado al producirse el alta médica, que es cuando realmente toma constancia de la entidad y consecuencias del daño, en la medida en que la medicina ha agotado las posibilidades de restituir la integridad física del lesionado a la existente con antelación al daño. Es el momento en que se declaran estabilizadas las lesiones y se concretan las secuelas o, lo que es igual, se determina en toda su dimensión el daño personal y los conceptos que han de incluirse en la indemnización.

En principio, si se dispensa atención médica hasta una determinada fecha es porque existen expectativas razonables de mejoría y curación, siendo esta fecha la que se debe tener en cuenta a los efectos del art. 1969 del CC, en el que se establece que “El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse”.

La circunstancia de que un perito médico, a los efectos de valorar el daño corporal sufrido, fije con anterioridad la fecha de estabilización de las lesiones, en atención al curso evolutivo de las mismas constatado en el tratamiento médico dispensado a la lesionada, no es determinante a los efectos de fijación del día inicial de la prescripción. Una cosa es el momento en que el perjudicado tuvo constancia de que sus lesiones se habían estabilizado y otra la discusión médico legal sobre su entidad, con cita de la STS 326/2020, de 22 de junio.

NULIDAD CONTRATO SWAP

Sentencia Tribunal Supremo 379/2017, de catorce de junio
Sala de lo Civil
Recurso: 770/2015
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA
ROJ: STS 2361/2017
ECLI:ES:TS:2017:2361

Contrato de permuta financiera: swap. Nulidad del contrato por error vicio.

En la comercialización de productos complejos por parte de las entidades prestadores de servicios financieros a inversores no profesionales existe una asimetría informativa, que impone a dichas entidades financieras el deber de suministrar al cliente una información comprensible y adecuada de las características del producto y los concretos riesgos que les puede comportar su contratación. Aunque por sí mismo el incumplimiento de los reseñados deberes de información no conlleva necesariamente la apreciación de error vicio en la contratación del producto financiero, la previsión legal de estos deberes, que se apoya en la asimetría informativa que suele darse en la contratación de estos productos financieros con clientes minoristas, incide en la apreciación del error.

Estos razonamientos se extienden a los clientes de entidades financieras que tengan la condición de empresarios a pesar de que pueda presumirse que tengan conocimientos suficientes en la materia y que podían haber pedido asesoramiento.

La entidad financiera está obligada en todo caso a suministrar, con carácter previo a la contratación, una información clara y comprensible al cliente que permitiera conocer los riesgos concretos del producto, sin que sea posible presumir que tenía este conocimientos por su experiencia en el tráfico mercantil y de la contratación con entidades de crédito derivada de ser un inversor inmobiliario y empresario conocido.

El incumplimiento del deber de información sobre el riesgo económico del producto, es lo que propicia un error en la prestación del consentimiento, ya que esa ausencia de información permite presumir el error. Lo determinante no es tanto que aparezca formalmente cumplido el trámite de la información, sino las condiciones en que materialmente se cumple el mismo. Los deberes de información que competen a la entidad financiera, no quedan satisfechos por una mera ilustración sobre lo obvio en unas cláusulas.

No se trata de que el banco pueda adivinar la evolución futura de los tipos de interés, sino de que ofrezca al cliente una información completa, suficiente y comprensible de las posibles consecuencias de la fluctuación al alza o a la baja de los tipos de interés y de los elevados costes de la cancelación anticipada.

HIPOTECA MULTIDIVISA

Sentencia Tribunal Supremo 217/2021, de veinte de abril

Sala de lo Civil

Recurso: 2970/2018 Ponente: RAFAEL SARAZA JIMENA

Roj: STS 1477/2021

ECLI:ES:TS:2021:1477

Los contratos de préstamo hipotecario en la modalidad denominada multidivisa han sido uno de los productos financieros que mayores perjuicios han causado a los deudores hipotecarios.

Los bancos ofrecían estas hipotecas en divisas extranjera como un producto muy favorable y con cuotas muy bajas; pero sin explicar las entidades prestamistas que esas cuotas estaban directamente relacionadas con la fluctuación que sufriera la divisa extranjera en la cual se hubiera formalizado el préstamo.

Debido a las fluctuaciones de la divisa extranjera (normalmente, yenes japoneses o francos suizos) las cuotas de la hipoteca cada vez resultan más elevadas.

Con base en las SSTJUE el criterio del Tribunal Supremo respecto de las hipotecas multidivisa es que cualquier deudor hipotecario puede ejercer su pretensión de que su hipoteca sea recalculada a euros, y se le aplique el interés pactado teniéndose en cuenta los pagos ya realizados, con base a las siguientes consideraciones:

a) Las hipotecas multidivisa no tienen la consideración de producto de inversión y, por tanto, no se aplica la normativa sobre el mercado de valores para valorar la contratación de este tipo de productos financieros.

b) Para que sea declarada la nulidad parcial (y no total) del préstamo en divisas y, por tanto, para que subsista el préstamo, pero en euros, la acción que debe ejercitarse no es la del “error en el consentimiento” –que conllevaría el vicio de la totalidad del contrato y no sólo de las cláusulas multidivisa-, sino la acción de la “falta de transparencia”.

c) Y, por último, las hipotecas multidivisa son un producto complejo a efectos del control de transparencia.

Ello supone que, para que pueda entenderse que hubo transparencia en la celebración del contrato y, por tanto, que esas cláusulas no son nulas, el consumidor habrá tenido que disponer, antes de la celebración del mismo, de información sobre sus condiciones y consecuencias. Esto, en este tipo de hipotecas se traduce en que el consumidor debe ser informado de que se expone al riesgo del tipo de cambio de la moneda en que percibe el préstamo, y de las posibles variaciones de los tipos de cambio; no siendo suficiente con que el deudor haya recibido información y recomendación externa ajena a la propia entidad y con independencia de que hubiera sido el consumidor quien hubiera solicitado este producto.

Como señala la sentencia "conforme a constante jurisprudencia de esta sala, el control de transparencia tiene por objeto que el consumidor pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado, esto es, el sacrificio patrimonial realizado a cambio de la prestación económica que quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación de los riesgos del desarrollo del mismo".

En definitiva, los tribunales tendrán que hacer un control de oficio adicional consistente en valorar si el consumidor pudo conocer, con sencillez, la carga económica y jurídica que estaba asumiendo cuando firmó el préstamo en divisas.

SWAP

Sentencia Tribunal Supremo 198/2021, de doce de abril
Sala de lo Civil
Recurso: 3184/2018
Ponente: MARIA DE LOS ANGELES PARRA LUCAN
Roj: STS 1269/2021
ECLI:ES:TS:2021:1269

Swap vinculados a hipotecas concertadas en el marco de un complejo proceso de refinanciación de empresas.

Si el cliente conoce y comprende los riesgos del producto, no hay error en el consentimiento.

La incorporación al ordenamiento jurídico español de la normativa MiFID obligó a las entidades financieras a clasificar a sus clientes como minoristas o profesionales. Y si se encuadran en la primera categoría, a asegurarse de la idoneidad y conveniencia de los productos ofrecidos y a suministrarles información completa y suficiente, y con la antelación necesaria, sobre los riesgos que conllevan.

Constituye jurisprudencia reiterada que un incumplimiento de dicha normativa, en cuanto a la información de los riesgos inherentes a los contratos de swap, tanto respecto de liquidaciones periódicas negativas en elevada cuantía, como a un también elevado coste de cancelación, puede hacer presumir el error en quien contrató con dicho déficit informativo, lo que no impide que pueda demostrarse que, a pesar de no haber quedado acreditado el cumplimiento de los deberes de información, el cliente prestó su consentimiento con conocimiento de las características de la operación y los concretos riesgos que asumía. Así sucede en este caso, en el que el administrador de la actora estaba perfectamente enterado de la mecánica de los contratos y, con una amplia experiencia en operaciones jurídicas y bancarias, negoció durante meses las condiciones de refinanciación de las que nacieron los swaps.

IMPUGNACION ACUERDOS

Sentencia Tribunal Supremo 590/2020, de once de noviembre de dos mil veinte
Sala de lo Civil
Recurso: 366/2018
Ponente: FRANCISCO JAVIER ARROYO FIESTAS
Roj: STS 3645/2020
ECLI:ES:TS:2020:3645

El copropietario ausente de la Junta a quien se comunica el acuerdo y no manifiesta su discrepancia en el plazo de 30 días, no queda privado de su legitimación para impugnarlo

Los acuerdos de la Junta de propietarios, con arreglo a lo dispuesto en el art. 18 LPH, pueden impugnarse:

        a. Cuando sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios.

        b. Cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios.

        c. Cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.

Se encuentran legitimados para la impugnación de estos acuerdos:

        a. Los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta de propietarios (Es la postura que adoptan los propietarios que asisten a la Junta y cuando van a votar deciden no comprometer su voto ni a favor ni en contra del acuerdo. Los propietarios que se abstengan frente a un acuerdo no podrán impugnarlo posteriormente. Los propietarios que hubieren salvado el voto podrán impugnar el acuerdo si lo consideran).

        b. Los ausentes por cualquier causa.

        c. Los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto.

        d. Los que hubiesen votado en contra.

Para impugnar los acuerdos de la Junta el propietario, con arreglo a lo dispuesto en el art. 18.2 LPH, los legitimados para la impugnación de los acuerdos de la Junta deberán estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas. Esta regla no será de aplicación para la impugnación de los acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación.

Cuando los acuerdos tomados en una Junta de la comunidad se notifican a los propietarios ausentes que no asistieron a la reunión pueden:

        a. Manifestar la conformidad con el acuerdo. En este caso, no cabe después que se pueda impugnar el acuerdo.

        b. Manifestar su disconformidad con el acuerdo adoptado. En este caso pueden impugnar el acuerdo dentro de los plazos previstos en el art. 18.3 de la LPH.

        c. No manifestar nada en el plazo de 30 días naturales. En este caso su voto se computará favorable al acuerdo, pero sólo a los efectos del cálculo para alcanzar la mayoría cualificada requerida, PUDIENDO IMPUGNARLO en los plazos establecidos por la LPH.

La acción para impugnación de acuerdos de la Junta de propietarios, con arreglo a lo dispuesto en el art. 18.3 LPH, caducará a los tres meses de adoptarse el acuerdo por la Junta de propietarios, salvo que se trate de actos contrarios a la ley o a los estatutos, en cuyo caso la acción caducará al año.

La STS 590/2020, 11 noviembre, nos recuerda que en base a la doctrina jurisprudencial marcada en la STS 930/2008, de 16 de diciembre, aun no mostrando su discrepancia en los treinta días establecidos en la LPH, el comunero disidente no queda privado de legitimación para impugnar el acuerdo de la Junta de propietarios.

En concreto la STS 930/2008, de 16 de diciembre fija como doctrina jurisprudencial que el copropietario ausente de la Junta a quien se comunica el acuerdo y no manifiesta su discrepancia en el plazo de 30 días, no queda privado de su legitimación para impugnarlo con arreglo a los requisitos establecidos en el art. 18 LPH, salvo si la impugnación se funda en no concurrir la mayoría cualificada exigida por la LPH fundándose en la ausencia de su voto.

GASTOS HIPOTECARIOS

Sentencia Tribunal Supremo 35/2021, veintisiete de enero de dos mil veintiuno.

Sala de lo Civil. Pleno

Recurso: 1926/2018

Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO

Roj: STS 61/2021

ECLI: ES:TS:2021:61

Contrato de préstamo hipotecario concertado con consumidores. Validez de la cláusula sobre gastos. Gastos de tasación

La STS 27 enero 2021 se pronuncia sobre los efectos económicos de la declaración de nulidad de la cláusula de gastos de los préstamos hipotecarios entre bancos y consumidores.

Los gastos de tasación, cuando no sea aplicable la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, corren a cargo al banco y no al consumidor. 

Esta sentencia resuelve todas las consecuencias y dudas acerca de la nulidad de las cláusulas que imponen a los consumidores los gastos de formalización del préstamo hipotecario. 

Con arreglo a la doctrina jurisprudencial que se fija los consumidores tienen derecho a la restitución de todos los gastos pagados en concepto de registro de la propiedad, gestoría y tasación, así como de la mitad de los gastos notariales.

En el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, en el que las normas tributarias establecen que el principal sujeto pasivo es el prestatario, corre a cargo de los consumidores.

Así, tras la citada sentencia de Pleno:

• GASTOS DE TASACIÓN, con anterioridad a la entrada en vigor de la cita Ley corren a cargo del Banco -prestamista-, y con posterioridad corren a cargo del Prestatario -consumidor-.

• REGISTRO DE LA PROPIEDAD incumben al Banco -prestamista-.

• GASTOS GESTORIA son a cargo del Banco -prestamista-.

• NOTARIA incumben al Banco -prestamista- y al Prestatario -consumidor-.

• AJD corre a cargo del Prestario -consumidor-.

Fuente Poder Judicial. Consulta la Sentencia